AMPARO Por Clarisa Ercolano El Riachuelo, su limpieza y la necesidad de trasladar a las personas que viven en su márgenes parecen historias de nunca acabar. Ahora, fue la Defensoría General de la Ciudad quien llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se prohíba el desalojo de las personas que viven allí hasta que no se les garantice que podrán acceder a una vivienda digna. La Defensoría realizó una presentación en donde exige que se fijen "estándares para las relocalizaciones y desalojos de las personas afectadas por la liberación del camino de Sirga, a la vera del Riachuelo". Hace dos meses, el gobierno de la Ciudad notificó a 1200 personas para que desalojaran esa zona, tal cual lo había pedido el juez federal de Quilmes Luis Armella para avanzar en el plan de saneamiento del Riachuelo. Al no estar terminadas las viviendas a las cuales se debería trasladarlas, esas personas quedan aún en peores condiciones. Pero el conflicto se agrava porque no están construidas las viviendas a las que se debería trasladar a las personas que viven en la margen del Riachuelo. Mario Kestelboim, titular de la Defensoría, denunció “la vulneración de derechos fundamentales con la que se está llevando adelante la ejecución de la sentencia dictada por el máximo tribunal en la causa Mendoza". De acuerdo a la presentación, se solicitó a la Corte “que establezca la prohibición de desalojar sin que se provea previamente vivienda alternativa, adecuada a las necesidades de los afectados”. Hace un mes, Noticias Urbanas publicó más de cien empresas ubicadas en el área porteña que vierten sus desechos al agua de modo directo sin ningún tipo de tratamiento y son, junto a los desagües cloacales, una de las principales fuentes de contaminación que ponen en riesgo a quienes viven prácticamente sobre una montaña de desperdicios. |
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viernes, 10 de junio de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Prohibir los desalojos de quienes viven en el Riachuelo - Fue un pedido de la Defensoría General de la Ciudad ante la Corte Suprema de Justicia. Quieren que la prohibición dure hasta que no se les garantice una vivienda digna a las familias que allí viven.
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