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Yo soy la ley
09–12–2012 / Lo medular de la Ley de Medios y su incidencia en Clarín no tiene gran misterio: este mass-media tuvo por costumbre durante años hacerle saber a cuanta administración tuviese enfrente su poderío comunicacional, imponiéndose sin mucho cuidado por lo que dijese la ley.
“La ley soy yo”. Aunque sin ventilarlo públicamente, por obvias razones, ese fue el concepto recurrentemente manejado por Clarín para negociar con el gobierno de ocasión.
“Que me venís con la ley, si la ley soy yo”, podría ser, con muy escaso margen de yerro, el pensamiento íntimo de Magnetto.
Ilusos son los referentes opositores si creen que Clarín habrá de acompañarlos como medio oficialista en caso de ser gobierno. De darse eso, este diario volverá a despertar su vocación crítica como método de presión. Y si no lo hace, será sólo porque algún negocio en vista momentáneamente así se lo indica.
Si bien ocurre en muchas sociedades del mundo, los argentinos solemos ser especialistas en eso de montarnos en oleadas circunstanciales,validando casi en exclusividad el “aquí y ahora”.
En alguna oportunidad, la suerte de todos nosotros pareció estar atada al devenir de Antonini Wilson. De igual modo, surgieron después el conflicto con el campo, la efedrina, Schoklender, la ex Ciccone, la Fragata, etc, etc.
Puede que la tendencia criolla a oscilar frente a lo masivo tenga que ver con estos vaivenes, en los que un día una cosa es crucial, y al día siguiente lo es otra.
Pero indudablemente, los medios masivos de comunicación aportan lo suyo, desde el momento en que son los encargados de cumplir con la singular tarea de conectar a la ciudadanía con la cosa pública, sin dejar de comportarse como empresa.
En rigor de verdad, el kirchnerismo puso a la política en un lugar en el que no estábamos acostumbrados. Y, como era de esperar, tal decisión hizo reverdecer a la prensa crítica, la que alcanzó niveles impensados, alpunto de erigirse como principal actor opositor cuando eso –en teoría- debiera corresponderle a un partido.
Cabe marcar entonces que es este tipo de prensa, que hace de su beligerancia con la administración de turno su leitmotiv, la que procura fotografiarnos la realidad, según su parecer.
Un ejemplo: el domingo pasado, el matutino La Nación advertía, una vez más, sobre los presuntos gustos policíacos del Gobierno, atribuyéndole la intención de dar a conocer los datos fiscales de quienes osen criticar tanto a la misma AFIP como a cualquier área oficial.
“El Gobierno legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos”,titulaba el peculiar artículo, rubricado por Hugo Alconada Mon.
Tan convencido estaba La Nación de su certeza periodística, que el último martes no tuvo más que timonear con el siguiente título: “Echegaray negó que el Gobierno impulse levantar el secreto fiscal”. Claro que en este caso, se trató de una modesta pieza, sin firma, ubicada en el ángulo inferior izquierdo de la página 10 del diario.
Y en medio de este cambiante caudal informativo, emerge el sonoro “7D”.Ahora todo huele a lo que acontezca con la Ley de Medios. O mejor dicho, a lo que le espera a Clarín por la aplicación de la Ley de Medios.
Habrá seguramente quienes piensan que la promoción de lo referido a esta norma parte del mismo Gobierno, en el marco de su pulseada con el grupo comandado por Héctor Magnetto.
En realidad, la mayor responsabilidad de tanto ruido corre por cuenta del propio Clarín, por la sencilla razón de creer que se encuentra en unstatus especial que le permite no acatar la ley.
Pero era esperable que eso suceda. A este pool mediático, probablemente por primera vez en su historia, se le presenta un panorama complicado. Y, lógicamente, va a defenderse a como de lugar.
Pese a que en cierto punto pueda ser hasta entendible la agresividad de Clarín en su necesidad de preservarse, cabe preguntarse qué objetividad puede tener un medio que informa bajo estas condiciones.
Por su lado, el Gobierno sabe que tocó una zona sensible. Y que va a tener que aguantar la cascoteada. De eso se trata el kirchnerismo.
Además, si tan malévola es la disposición legal en cuestión, ¿por qué el resto de los multimedios no hace causa común con Clarín?. ¿La ley es maliciosa sólo para uno?.
El fondo de inversión Fintech Advisory Inc., el cual tiene un 40% de participación en Cablevisión, propuso que Clarín (su socio mayoritario en esa operadora de cable, con el 60% restante) venda su parte para adecuarse a la ley. De ahora en más, Fintech será para Clarín otro elemento que ha sido poseído por el mal.
Varias voces de la oposición dirigencial salieron a cuestionar al Ejecutivo por este tema, aunque sin disimular el oportunismo que les permite subirse a la embestida de Clarín. Igualmente, en algunas cocinas opositoras, se analizan con cautela los pasos a seguir, concientes de que se mueven en un terreno resbaladizo.
Más allá de que puedan motorizar por enésima vez las advertencias acerca de la supuesta intromisión del Gobierno en el Poder Judicial, algunos antikirchneristas tienen en claro que pararse como explícitos defensores de un grupo empresarial que en definitiva sólo busca cuidar sus negocios no les redituará demasiado.
Se hace difícil en el contexto reinante fustigar la Ley de Medios sin que ello pueda interpretarse como un favor a Clarín.
En lo que respecta a la engorrosa judicialización de esta ley, no será de gran utilidad energizar allí el análisis.
Posiblemente, armar un rompecabezas de quinientas piezas cueste menos que establecer los cambios que han venido produciéndose en la Cámara Civil y Comercial, la cual, como era de prever, acaba de prorrogar la medida cautelar presentada por Clarín sobre los artículos 45 y 161 hasta que haya sentencia definitiva (ésto es, hasta que el Juez de ese fuero, Horacio Alfonso, se expida finalmente acerca de la constitucionalidad de la ley).
Este tribunal de alzada falló de esta manera luego de rechazar la recusación de todos sus miembros que el Gobierno había presentado. Y lo hizo mediante la firma de los camaristas María Susana Najurieta yFrancisco de las Carreras
.
Dos cosas para observar: por un lado, el pronunciamiento de la Cámara choca con la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia acerca del tiempo máximo que podía durar la referida cautelar.
En el medio de ello el Poder Judicial cerró filas tras la protección de la “independencia judicial” marcando que no se trata de un comportamiento corporativo sino de la auténtica tutela del principio constitucional.
No cabe duda de que así debe ser, nadie cuestiona una real y efectiva división de poderes, lo que sigue dando dudas es si este Poder siempre actuó tan ajeno al marco político por un lado (sólo piénsese en la época del gobierno militar) y por el otro, ¿no será que los alienta la necesidad de juntar fuerzas frente a una eventual modificación de su especial condición de no tributar ganancias sobre sus importantes ingresos?.
Y por otra parte, así como retóricamente nos preguntábamos qué objetividad puede tener el tratamiento informativo de Clarín, siendo que este medio está claramente “disparado” contra el Gobierno, sirve también preguntarse qué objetividad puede tener el reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial cuando uno de los firmantes ha sido denunciado penalmente por la actual administración.
Pero el embrollo del asunto reside en que no es algo esencialmente judicial. Ni siquiera político. Es netamente económico. Y como toda cuestión económica que se presenta bajo tironeo, adquiere rápidamente el formato judicial. En última instancia, todo es discutible en el país de las medidas cautelares.
Si el revuelo jurídico domina ahora esta coyuntura, es porque a Clarín justamente le conviene arrastrar el debate para ese lado, bregando por un objetivo ensayado ya más de una vez: lograr poner al Gobierno cara a cara con al Corte Suprema. Precisamente hacia allí pasa a dirigirse la expectativa, en razón de la decisión oficial de recurrir en apelación al máximo tribunal vía per saltum.
A Clarín no le interesa tanto que se haga justicia. Hoy, lo único que le importa a esta firma es ganar tiempo, deseosa de la llegada de algún cambio político que pueda hacerle las veces de salvavidas. En fin, la esperanza es lo último que se pierde.
No deja de llamar la atención el tratamiento de este tema con tan amplia instalación jurídico judicial pero con profundas ramificaciones económicas y políticas. En el medio están quienes hacen negocios y quienes al mejor estilo adivinatorio el 6D ganaron con una suba del orden del 10% en las acciones de Clarín antes de que se diera a conocer el mantenimiento de la cautelar.
Mucha inocencia sería creer en lo que se dice, veamos por favor lo que realmente pasa.
“Yo soy la ley”, fue siempre la proclama subrepticia de Clarín. Lo único que hizo el Gobierno fue avisarle a este multimedios que estaba en un error.
A Julio Alfredo Ramos. In Memoriam
—
“La ley soy yo”. Aunque sin ventilarlo públicamente, por obvias razones, ese fue el concepto recurrentemente manejado por Clarín para negociar con el gobierno de ocasión.
“Que me venís con la ley, si la ley soy yo”, podría ser, con muy escaso margen de yerro, el pensamiento íntimo de Magnetto.
Ilusos son los referentes opositores si creen que Clarín habrá de acompañarlos como medio oficialista en caso de ser gobierno. De darse eso, este diario volverá a despertar su vocación crítica como método de presión. Y si no lo hace, será sólo porque algún negocio en vista momentáneamente así se lo indica.
Si bien ocurre en muchas sociedades del mundo, los argentinos solemos ser especialistas en eso de montarnos en oleadas circunstanciales,validando casi en exclusividad el “aquí y ahora”.
En alguna oportunidad, la suerte de todos nosotros pareció estar atada al devenir de Antonini Wilson. De igual modo, surgieron después el conflicto con el campo, la efedrina, Schoklender, la ex Ciccone, la Fragata, etc, etc.
Puede que la tendencia criolla a oscilar frente a lo masivo tenga que ver con estos vaivenes, en los que un día una cosa es crucial, y al día siguiente lo es otra.
Pero indudablemente, los medios masivos de comunicación aportan lo suyo, desde el momento en que son los encargados de cumplir con la singular tarea de conectar a la ciudadanía con la cosa pública, sin dejar de comportarse como empresa.
En rigor de verdad, el kirchnerismo puso a la política en un lugar en el que no estábamos acostumbrados. Y, como era de esperar, tal decisión hizo reverdecer a la prensa crítica, la que alcanzó niveles impensados, alpunto de erigirse como principal actor opositor cuando eso –en teoría- debiera corresponderle a un partido.
Cabe marcar entonces que es este tipo de prensa, que hace de su beligerancia con la administración de turno su leitmotiv, la que procura fotografiarnos la realidad, según su parecer.
Un ejemplo: el domingo pasado, el matutino La Nación advertía, una vez más, sobre los presuntos gustos policíacos del Gobierno, atribuyéndole la intención de dar a conocer los datos fiscales de quienes osen criticar tanto a la misma AFIP como a cualquier área oficial.
“El Gobierno legalizaría la revelación de datos fiscales de sus críticos”,titulaba el peculiar artículo, rubricado por Hugo Alconada Mon.
Tan convencido estaba La Nación de su certeza periodística, que el último martes no tuvo más que timonear con el siguiente título: “Echegaray negó que el Gobierno impulse levantar el secreto fiscal”. Claro que en este caso, se trató de una modesta pieza, sin firma, ubicada en el ángulo inferior izquierdo de la página 10 del diario.
Y en medio de este cambiante caudal informativo, emerge el sonoro “7D”.Ahora todo huele a lo que acontezca con la Ley de Medios. O mejor dicho, a lo que le espera a Clarín por la aplicación de la Ley de Medios.
Habrá seguramente quienes piensan que la promoción de lo referido a esta norma parte del mismo Gobierno, en el marco de su pulseada con el grupo comandado por Héctor Magnetto.
En realidad, la mayor responsabilidad de tanto ruido corre por cuenta del propio Clarín, por la sencilla razón de creer que se encuentra en unstatus especial que le permite no acatar la ley.
Pero era esperable que eso suceda. A este pool mediático, probablemente por primera vez en su historia, se le presenta un panorama complicado. Y, lógicamente, va a defenderse a como de lugar.
Pese a que en cierto punto pueda ser hasta entendible la agresividad de Clarín en su necesidad de preservarse, cabe preguntarse qué objetividad puede tener un medio que informa bajo estas condiciones.
Por su lado, el Gobierno sabe que tocó una zona sensible. Y que va a tener que aguantar la cascoteada. De eso se trata el kirchnerismo.
Además, si tan malévola es la disposición legal en cuestión, ¿por qué el resto de los multimedios no hace causa común con Clarín?. ¿La ley es maliciosa sólo para uno?.
El fondo de inversión Fintech Advisory Inc., el cual tiene un 40% de participación en Cablevisión, propuso que Clarín (su socio mayoritario en esa operadora de cable, con el 60% restante) venda su parte para adecuarse a la ley. De ahora en más, Fintech será para Clarín otro elemento que ha sido poseído por el mal.
Varias voces de la oposición dirigencial salieron a cuestionar al Ejecutivo por este tema, aunque sin disimular el oportunismo que les permite subirse a la embestida de Clarín. Igualmente, en algunas cocinas opositoras, se analizan con cautela los pasos a seguir, concientes de que se mueven en un terreno resbaladizo.
Más allá de que puedan motorizar por enésima vez las advertencias acerca de la supuesta intromisión del Gobierno en el Poder Judicial, algunos antikirchneristas tienen en claro que pararse como explícitos defensores de un grupo empresarial que en definitiva sólo busca cuidar sus negocios no les redituará demasiado.
Se hace difícil en el contexto reinante fustigar la Ley de Medios sin que ello pueda interpretarse como un favor a Clarín.
En lo que respecta a la engorrosa judicialización de esta ley, no será de gran utilidad energizar allí el análisis.
Posiblemente, armar un rompecabezas de quinientas piezas cueste menos que establecer los cambios que han venido produciéndose en la Cámara Civil y Comercial, la cual, como era de prever, acaba de prorrogar la medida cautelar presentada por Clarín sobre los artículos 45 y 161 hasta que haya sentencia definitiva (ésto es, hasta que el Juez de ese fuero, Horacio Alfonso, se expida finalmente acerca de la constitucionalidad de la ley).
Este tribunal de alzada falló de esta manera luego de rechazar la recusación de todos sus miembros que el Gobierno había presentado. Y lo hizo mediante la firma de los camaristas María Susana Najurieta yFrancisco de las Carreras
.
Dos cosas para observar: por un lado, el pronunciamiento de la Cámara choca con la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia acerca del tiempo máximo que podía durar la referida cautelar.
En el medio de ello el Poder Judicial cerró filas tras la protección de la “independencia judicial” marcando que no se trata de un comportamiento corporativo sino de la auténtica tutela del principio constitucional.
No cabe duda de que así debe ser, nadie cuestiona una real y efectiva división de poderes, lo que sigue dando dudas es si este Poder siempre actuó tan ajeno al marco político por un lado (sólo piénsese en la época del gobierno militar) y por el otro, ¿no será que los alienta la necesidad de juntar fuerzas frente a una eventual modificación de su especial condición de no tributar ganancias sobre sus importantes ingresos?.
Y por otra parte, así como retóricamente nos preguntábamos qué objetividad puede tener el tratamiento informativo de Clarín, siendo que este medio está claramente “disparado” contra el Gobierno, sirve también preguntarse qué objetividad puede tener el reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial cuando uno de los firmantes ha sido denunciado penalmente por la actual administración.
Pero el embrollo del asunto reside en que no es algo esencialmente judicial. Ni siquiera político. Es netamente económico. Y como toda cuestión económica que se presenta bajo tironeo, adquiere rápidamente el formato judicial. En última instancia, todo es discutible en el país de las medidas cautelares.
Si el revuelo jurídico domina ahora esta coyuntura, es porque a Clarín justamente le conviene arrastrar el debate para ese lado, bregando por un objetivo ensayado ya más de una vez: lograr poner al Gobierno cara a cara con al Corte Suprema. Precisamente hacia allí pasa a dirigirse la expectativa, en razón de la decisión oficial de recurrir en apelación al máximo tribunal vía per saltum.
A Clarín no le interesa tanto que se haga justicia. Hoy, lo único que le importa a esta firma es ganar tiempo, deseosa de la llegada de algún cambio político que pueda hacerle las veces de salvavidas. En fin, la esperanza es lo último que se pierde.
No deja de llamar la atención el tratamiento de este tema con tan amplia instalación jurídico judicial pero con profundas ramificaciones económicas y políticas. En el medio están quienes hacen negocios y quienes al mejor estilo adivinatorio el 6D ganaron con una suba del orden del 10% en las acciones de Clarín antes de que se diera a conocer el mantenimiento de la cautelar.
Mucha inocencia sería creer en lo que se dice, veamos por favor lo que realmente pasa.
“Yo soy la ley”, fue siempre la proclama subrepticia de Clarín. Lo único que hizo el Gobierno fue avisarle a este multimedios que estaba en un error.
A Julio Alfredo Ramos. In Memoriam
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