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“No tener financiamiento del Estado no nos va a detener en la defensa de las semillas como patrimonio de los pueblos. Esto es un grito de resistencia y de lucha. No vamos a tolerar que nos privaticen la vida”, afirmó a Contexto Alicia Alem, pequeña productora de Cañuelas que el sábado participó en la 6ª Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas, en la que productores, docentes y responsables de diversas instituciones públicas coincidieron en que este año la presencia de agricultores fue menor que las anteriores ediciones.
“No obtuvimos el financiamiento de Nación y de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para tener los micros necesarios para el traslado de los productores. De los cuatro micros que estaban disponibles, sólo pudimos contar con uno del INTA”, precisó Alicia, uno de los motores de la Cooperativa Agropecuaria APF de Cañuelas, que además integra la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.
Pese a ello, productores familiares de Miramar, Mar del Plata, Bragado, Suipacha, Zárate, Escobar, Luján, Moreno, Morón, Marcos Paz, Esteban Echeverría, Cañuelas, CABA y los alrededores de La plata, Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero se dieron cita en la Feria que tuvo lugar instalaciones de la Estación Experimental J. Hirschhon, en los Hornos, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, en la cual no faltaron debates, charlas, intercambios de plantines, semillas y buenisimas empanadas en una tarde de sol.
“El sentido de este encuentro es defender la semilla como patrimonio de los pueblos, decirle no a la ‘Ley Monsanto’ y decirles que aunque no nos den financiamiento somos capaces de reunirnos para hacer aportes desde nuestras organizaciones”, sostuvo Alicia, cuya cooperativa impulsa talleres gratuitos sobre tecnología agrícola, producción hortícola y medicinal, entre otros.
“Para nosotros es fundamental revalorizar los saberes porque el neoliberalismo intenta destruirlos”, explicó, de allí que la Cooperativa busca “multiplicar” conocimientos e infundirlos en los más jóvenes.
Como los números son más que ilustrativos, digamos que, según el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el 50% de los productores en la región pampeana son familiares con fuerte incidencia en la horticultura, apicultura, floricultura y porcinos. Si bien hay registradas 27.000 explotaciones o unidades productivas familiares, se estima que funcionan unas 35.000. El otro 50% son medianos productores capitalizados y grandes productores.
Esas cifras ponen en evidencia el desarrollo que en los últimos años adquirieron los pequeños productores y la agricultura familiar como valor cultural y económico de nuestro país de la mano del esfuerzo de los trabajadores de diversos organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los impulsores de esta Feria, que desde hace capacitan, forman y respaldan a decenas de miles de productores en todo el país.
El proyecto de Ley de Presupuesto para 2017 que Cambiemos acaba de enviar al Congreso de la Nación prevé en efecto recortes sustanciales en organismos como el INTA, el SENASA y otros.
“Al INTA le adjudican 5.112 millones de pesos, lo que representa un recorte de $1.140 millones, lo cual supone una amenaza para el trabajo territorial con productores y organizaciones de la agricultura familiar”, denunciaba un volante repartido durante la jornada.
“El gobierno quiere recortar el presupuesto del INTA en más de 1.100 millones de pesos. Ante esta pretensión, los trabajadores del INTA decimos” que ello perjudicará la “continuidad de las actividades de extensión e investigación en los territorios y afectará gravemente las economías regionales” que, dicho sea de paso, tanto prometió Macri que iba a proteger si llegaba a la Casa Rosada, agregó el mismo texto.
En el breve documento, los trabajadores del INTA recordaron que “cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el país son generados por agricultores familiares. Con el recorte, muchos de esos productores desaparecerán”.
El recorte presupuestario pone en peligro la continuidad de más de 650 trabajadores al tiempo que unos 340 becarios no podrán ser incorporados para mantener actualizada la planta profesional, agregaron. Esto significa que, tal como ocurrió con programas de diversos ministerios que el macrismo decidió dar de baja, en el seno del INTA, estarán en peligro los proyectos que se llevan a cabo a través de 15 programas nacionales.
Aunque la Ley de Presupuesto todavía no fue aprobada, el recorte ya está en marcha pues, a modo de ejemplo, los agricultores familiares todavía no recibieron las semillas para la temporada primavera-verano que ya deberían tener en sus manos.
Técnico del INTA y referente del Programa ProHuerta para Berisso y Ensenada, Marcelo Miranda explicó a Contexto que antes “para esta época, las semillas ya estaban acá. Ahora nos están diciendo que se va a retrasar un mes más y con eso se retrasan muchas cosas y esto genera incertidumbre en la gente que las está pidiendo”.
Además se retrasa el ciclo natural de la planta. “Si pensabas comer tomates en diciembre, ahora los vas a comer en enero” sin contar con alguna inclemencia climática y corrés más riesgo de fracaso”, explicó.
Según Miranda, biólogo de profesion que trabaja con plantas nativas, plantas medicinales, mimbre y sauce también “se está notando bastante fuerte que la gente recurre a la huerta para hacer economía en su hogar y porque tiene más tiempo ocioso porque el perfil con el que trabajamos nosotros tiene changas o empleos temporarios. La gente está más tiempo en la casa y necesita parar la olla de alguna manera”, aseguró.
Desde que comenzó ese programa como una política pública destinado a promover prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la promoción de ferias y mercados alternativos con una mirada inclusiva de las familias productoras, el INTA entrega dos kits familiares por año, uno en otoño-invierno y otro en primavera-verano, que incluye hojas, frutos, raíz, que sirven para una huerta de 50 m2 que autoabastece a una familia tipo.
“Más o menos en Berisso se reparten 1.500 kits de semillas”, explicó. “En otoño-invierno se notó más demanda de semillas” aunque “la gente hace más huertas cuando empieza el tiempo lindo”.
Miranda aseguró que “lo que está pasando es preocupante porque hay otros proyectos del INTA en los que esto está impactando como Cambio Rural” en el cual el también participa. “Si no llega la semilla, se cae el técnico que asiste gratuitamente a un grupo de productores para que no tengan que pagar a un agrónomo o a un veterinario”, precisó. Así se van desarmando programas.
“Genera incertidumbre en los técnicos y en la población. En Berisso y Ensenada tengo 20 promotores. Si no tengo las semillas, se cae todo. Esto lo estamos trabajando desde hace seis o siete años y costó mucho formarlos y agruparlos y ahora se desarma”, advirtió.
No obstante sostuvo que la “filosofía de vida de la agricultura familiar sigue resistiendo”.
Y si de resistencia se trata, productores, universitarios y representantes de organismos aprovecharon la 6ª Feria para debatir sobre los dos proyectos de ley de semillas que están en danza en el Congreso, uno de ellos impulsado por la Federación Agraria llamado “el anteproyecto Príncipe” y el otro al que llaman la “Ley Monsanto” en referencia al proyecto que el gobierno de Macri acordó con el gigante multinacional transgénico.
“Tenemos que discutir qué ley de semillas queremos porque estamos dejando de producir nuestra propia semilla”, advirtió Javier Souza, del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA), uno de los organizadores de esta Feria.
La conservación, multiplicación y uso de las semillas nativas y criollas contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo integral de los productores familiares en el territorio mediante la ejecución de políticas de Estado para el sector con la participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y pueblos originarios, aseguraron los organizadores en un folleto explicativo de la 6ª Feria.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
En ese marco, los participantes analizaron la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más sustentable, fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de 2014. Sin embargo todavía no está reglamentada ni tiene financiación.
“La mejor herencia que me dejó mi padre fue el placer de cosechar”, aseguró Alem, descendiente de Leandro N. Alem. “Teníamos huerta, gallinas, cerdos y éramos una familia de trabajadores que comíamos alimentos de calidad y hasta jamón crudo”, recordó. “Ahora a la cooperativa están viniendo a pedirnos herramientas, semillas y animales reproductores. Me hace acordar a 2001 y me asusta”.
“Una parte de la sociedad que fue cómplice de la dictadura está volviendo a instalar el mismo sistema de concentración de la riqueza, de desigualdad y de exclusión y eso genera violencia más tarde o más temprano y no sabemos cómo puede terminar”, opinó. Sin embargo “ese no es el camino. El camino es la movilización social y las propuestas sin negociar la dignidad”, concluyó.
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