La oposición sostiene que fue para “favorecer a los amigos”. En cambio, razones de orden político, práctico y hasta jurídico justifican la decisión oficial.
Por Raúl Dellatorre
Desde diversos sectores de la oposición partió el cuestionamiento hacia la forma de expropiación elegida por el gobierno nacional. ¿Por qué el 51 por ciento de acciones pertenecientes al grupo Repsol y no avanzar sobre las del Grupo Petersen? ¿Era una forma de “proteger a los amigos”, aludiendo a la familia Eskenazi? Hasta las autoridades de Repsol, con Antonio Brufau a la cabeza, utilizaron el argumento para hablar de “discriminación” en su contra respecto de otros accionistas. Algunos especialistas cercanos a la definición de la forma de expropiación sostienen lo contrario. “La fórmula de la expropiación está lejos de beneficiar al grupo Eskenazi”, sostienen, y lo fundamentan. Además, los hechos y los números demuestran que la familia Eskenazi no saldrá bien parada de la resolución del cambio de manos del control del capital de YPF. Para el Estado, en cambio, la opción elegida aparece –a la luz de no pocos analistas– como la más conveniente.
El análisis de “por qué las acciones de Repsol sí y las de Eskenazi no” podría partir de dos enfoques. Uno, desde la necesidad de tomar el control de la compañía y la solución más eficaz para lograrlo. Otro, desde la situación legal del accionista (y el paquete de acciones) a ser expropiado.
Desde el primer enfoque, es decir planteado por el objetivo de recuperar el control de YPF, la solución adoptada –según observadores ajenos al Gobierno– se resolvió con un sentido práctico y político. Si el grupo controlante, Repsol, fue además el responsable de la política de la empresa desde la privatización hasta ahora, con los resultados conocidos, era lógico (políticamente) ir sobre él. Si además ese grupo ostentaba la propiedad de más de la mitad del capital (57,5 por ciento), expropiar sólo el 51 por ciento de ese único accionista despejaba la operación (desde un punto de vista práctico) de los inconvenientes que podría haber generado avanzar sobre los activos de pequeños accionistas, fondos de inversión extranjeros, otros tenedores institucionales del país y del exterior, además del paquete en manos de Eskenazi, con las dificultades que se explican más adelante en esta misma nota. Es fácil de suponer los cuestionamientos judiciales que tal operación “masiva” hubiera provocado en los tribunales de Estados Unidos o con organismos bursátiles del país y el exterior. El “mano a mano” de la actual disputa con Repsol (y el gobierno español, podría agregarse incluso) es infinitamente más sencillo que aquella otra alternativa. Tanto en sentido práctico como político. La solución hallada resuelve el control del paquete accionario y –a través del decreto de intervención– el control inmediato de la gestión de YPF.
El segundo enfoque consiste en analizar la situación en que se encuentra el 25 por ciento del paquete en manos (¿en manos?) del grupo Eskenazi. Repasando el origen del ingreso de Eskenazi a YPF, cabría recordar que se concretó en dos operaciones: una primera compra del 14,9 por ciento del paquete a Repsol por un valor estipulado de 2235 millones de dólares, y una segunda compra de otro 10 por ciento (ya el año pasado) por valor de 1400 millones. En la primera operación, el grupo Eskenazi apenas aportó 100 millones de dólares, por el resto se asumió una deuda de 1018 millones de dólares con un pool de bancos (Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú) y un préstamo del propio vendedor del paquete, Repsol, por 1017 millones. Por la segunda operación, Eskenazi (o grupo Petersen) se endeudó por el total, repartido en 670 millones con otro pool de bancos (Itaú, Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi) y 730 millones otra vez con Repsol.
De ese conjunto de deudas, Eskenazi apenas pagó con su participación en los dividendos de YPF de los últimos años aproximadamente 600 millones de dólares al primer pool de bancos, arrastrando a la fecha una deuda de 1170 millones de dólares con los bancos y 1747 millones con Repsol (esta última no acumula intereses). Las acciones de Eskenazi, como consecuencia de estas operaciones no saldadas, están caucionadas a favor de los bancos acreedores en un caso y puestas como garantía en el caso del acuerdo con Repsol en otro, a cuyas manos volverían en caso de no ser cancelado el préstamo. Es decir que, salvo por el estrecho margen correspondiente a los 100 millones de dólares aportados inicialmente y los 600 millones cancelados con posterioridad, Eskenazi no tiene disponibilidad sobre el 25 por ciento del paquete ni, en rigor, tan siquiera podría ser considerado “dueño de pleno derecho” de las acciones.
¿Qué habría pasado si el gobierno nacional hubiera decidido expropiar las acciones del grupo Petersen? En principio, no podría haber capturado acciones que en la práctica no están en manos del grupo, sino caucionadas por los bancos acreedores o atadas en garantía a favor de Repsol en otro. ¿Podría haber avanzado sobre ellas sin reparar en manos de quién están? De hacerlo, el Estado habría quedado prisionero de una controversia jurídica en cuanto a los derechos de cada parte, respecto de quién es el titular de las acciones y otras cuestiones que hubieran llevado, en definitiva, a un enredo todavía más complicado que el que se hubiera derivado de expropiar el 100 por ciento de las acciones, apuntado más arriba.
¿Cuál es la consecuencia para el grupo Petersen por la expropiación del 51 por ciento, respecto del resultante de haber sido incluido su paquete en la expropiación? La toma de control de YPF por el Estado implica que, de aquí en más, las utilidades se destinarán prioritariamente a reinversiones y no a la distribución de dividendos, con lo cual se le cancela el principal recurso (o el único) con el que contaba para pagar su deuda por la compra de las acciones. Según los observadores, no hay dudas de que terminará perdiendo las acciones. “Y parte de ellas terminarán en manos del Estado, o de YPF, con el que el grupo Eskenazi también arrastra deudas”, apuntó a este diario un destacado funcionario. Si, en cambio, el Estado hubiera expropiado sus acciones, le habría dado al grupo Petersen un argumento para discutir judicialmente si le hubiera correspondido hacerse cargo de los compromisos con los acreedores o si, por el contrario, éstos pasaban a manos del “nuevo dueño” del paquete.
“Lejos de beneficiarse, el grupo Eskenazi sale peor parado en la solución adoptada que en cualquier otra alternativa que hubiera elegido el Gobierno”, sostuvo, con sobrados fundamentos, un especialista en análisis de empresas. Paradójicamente, la “solución” planteada por algunos sectores de la oposición que denuncian “connivencia” del Gobierno con el grupo Eskenazi hubiera terminado siendo la más favorable para este último
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