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Funcionarios nacionales, organizaciones sociales y políticas y hasta el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestaron hoy su contundente apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, advirtieron sobre la falta de argumentos y la intención de dañar al Gobierno que se esconde detrás de la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de imputar a la mandataria por presunto encubrimiento en la causa Amia, como así también por la marcha organizada por fiscales para el próximo miércoles.
El mandatario ecuatoriano dijo que se trata de "un nuevo intento de desestabilización" y consideró que "la restauración conservadora utiliza ahora hasta las instancias jurídicas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas de nuestra América”.
Desde Quito, al brindar su informe semanal, Correa declaró: "Esto me huele a la restauración conservadora; ya no hay golpes militares, ya no hay golpes legislativos, ahora hay golpes judiciales".
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, manifestó que "se nota" que el fiscal Pollicita "está organizando una marcha" porque en su requerimiento “no han podido sostener nada”, motivo por el cual descartó un llamado a indagatoria de la mandataria.
"Se nota que está organizando una marcha porque mucho trabajo no podía hacer, está dedicado a otra cosa", aseguró Fernández en relación al momento en el que el fiscal decidió dar curso a la denuncia de su colega Alberto Nisman, días antes de la movilización convocada para el próximo miércoles 18.
Además, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, juzgó como "un verdadero disparate de los tantos que nos tiene acostumbrados la justicia" la imputación a la Presidenta.
Y dejó en claro que sectores del poder judicial "no le terminan de perdonar la autonomía e independencia sobre el poder económico y mediático".
También opinó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien argumentó que existe un "círculo rojo que está mal usando lo que ha sido la terrible muerte del fiscal Alberto Nisman para intentar generar un desgaste en la figura de la Presidenta con el objetivo de que eso tenga implicancias electorales este año".
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dio su punto de vista y dijo que “se han juntado lo peor de los medios con lo peor del poder judicial”, y que "tomaron una causa insólita sólo para atacar un proyecto que cambió para mejor el país”.
Otro de los mandatarios provinciales que se manifestó, fue el gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Closs: “Lo que está claro es que lo que buscan es un efecto político fenomenal”, aseguró y agregó que “la justicia desde hace un tiempo está tomando medidas procesales mirando más el impacto político que el contenido mismo de los expedientes”.
El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró que la imputación a la Presidenta pretende "dañarla", y consideró que la medida adoptada por el fiscal Gerardo Pollicita "es una novela de hechos que no existieron".
Además, la presidenta del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Juliana di Tullio, manifestó que “es un golpe de estado en proceso desde un sector del Poder Judicial” e indicó que “estos intentos desestabilizadores no los sufre nuestro Gobierno nada más, los padece todo el pueblo argentino”.
Desde el gobierno nacional, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, sostuvo que se trata de una "escalada antidemocrática gravísima y evidente", en la cual "los sectores conservadores del país tienen el plan de desestabilizar a la Presidenta, y cuentan para ello con los servicios de lo peor del Poder Judicial y de la mayor corporación mediática”.
Por otra parte, 90 intendentes bonaerenses firmaron un documento de "respaldo y apoyo incondicional" a la mandataria en función de “los hechos de naturaleza política y jurídica que se vienen sucediendo y que ponen en riesgo la institucionalidad y la división de los poderes del Estado".
En el mismo sentido, el jurista y ex ministro de seguridad bonaerense, León Arslanian, afirmó que el avance efectuado por Pollicita en la causa que impulsaba el fiscal Alberto Nisman "merece una desestimación" y marcó que "hubo un requerimiento y con motivo del mismo, y como cualquier otro tipo de trámite, se ha hecho una imputación”.
En referencia a la marcha organizada por un grupo de fiscales para la semana próxima, el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas militares de Argentina y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuestionó el propósito de esa manifestación e indicó que “la presión tiene que ser dirigida a investigar el caso Nisman y a reformar la inteligencia argentina. Esos son los dos puntos”.
Infonews
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