Escenarios
Por Agustina Villalba | Desde la redacción de APAS
07|08|2011
Que eran uno, tres o seis departamentos los que funcionaban como “puticlubs”. Que la inmobiliaria también sería propiedad del juez. Que debía someterse a juicio político. Que no debía si quiera esperar el juicio político, que tenía directamente que renunciar, aun en caso de ignorar lo que sucedía en sus propiedades. Que había renunciado. Que desmintió su renuncia…
La campaña mediática, disparada por el amarillista diario “Libre” y legitimada por la “prensa seria” de La Nación y Clarín, se propuso amedrentar a uno de los organismos fundamentales de la democracia y, particularmente, lograr la destitución, o al menos el desprestigio, de una de las figuras más importantes para el país y el mundo en el ámbito del derecho. El ataque no resiste un básico análisis de sentido común.
El propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, expresó que no pretende que la gente crea que es una persona honesta, que cada uno puede tener su opinión, pero que “si después de 40 años de enseñar criminología y de 35 de juez penal, me decidiera a cometer un ilícito a esta altura de mi vida, ¿lo haría en un inmueble de mi propiedad con mi nombre? Ya no se trata de confiar en la deshonestidad sino en un mínimo de neuronas y de inteligencia que pueda uno tener”.
El ataque al juez de intachable trayectoria en el ámbito jurídico y académico, generado en medio de un intenso clima electoral, constituye sin duda un ejemplo de lo que, en propios términos de Zaffaroni, se denomina “criminalización mediática”.
Esta “tiene una finalidad política de defender modelos económicos determinados”. Es una “práctica a nivel mundial que baja desde Estados Unidos”, que responde a una“lucha política clara entre un Estado social incluyente y un Estado gendarme de modelo excluyente”.
Si bien la teoría expuesta por Zaffarono en diversas ocasiones hace referencia directa a la criminalización de un grupo social “peligroso” que alimenta la sensación de “inseguridad” instalada por los medios, el concepto de “criminalización mediática” es aplicable en la Argentina a las diversas operaciones de desprestigio y estigmatización llevadas a cabo por los grandes grupos mediáticos contra diversos sectores y organismos claves para el funcionamiento de la democracia.
El intento de debilitar la figura de la presidenta Cristina Fernández luego de la muerte de su marido y ex presidente Néstor Kirchner; la estigmatización de jóvenes militantes de agrupaciones oficialistas como “La Cámpora”; el ataque a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la actual campaña de desprestigio contra el juez que es símbolo de renovación de la Corte, son tan sólo unos de los eslabones que las corporaciones mediáticas necesitan debilitar para asegurar su modelo político y económico de país que definitivamente no es el de un “Estado social de modelo incorporativo”.
El accionar de los medios, que pusieron en tapete la denuncia de la ONG La Alameda, realizada en 2009, tiene una clara intencionalidad política. Detrás de impactantes titulares y pedidos de renuncia antes que de esclarecimiento de los hechos, se esconden intereses claves para los oligopolios de la palabra. Ya es un hecho que la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que afecta directamente al monopolio Clarín, deberá ser decidida en la Suprema Corte de Justicia.
La campaña de desprestigio, sin embargo, no se ha basado solamente en titulares tendenciosos y las ya tradicionales especulaciones presentadas como afirmaciones, sino que ha sido alimentada en forma sustancial por declaraciones de diversos políticos opositores al gobierno actual que pidieron públicamente la renuncia o el juicio político para Zaffaroni.
El candidato presidencial por la Unión para el Desarrollo Social, Ricardo Alfonsín, sostuvo que aun en el caso de que el ministro de la Corte no fuera responsable debería renunciar.
“Este tipo de hechos dañan las instituciones, cuando uno forma parte de nada más y nada menos que la máxima instancia de justicia del país debe hacer lo necesario para no dañarla”, expresó.
Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica y candidata a presidente, Elisa Carrió, afirmó que Zaffaroni debe someterse a un juicio político, mientras que otros de los candidatos que disputarán la Presidencia en octubre, como Hermes Binner, Alcira Argumedo y Eduardo Duhalde, sin animarse a tanto, sostuvieron que el juez debe esclarecer la situación.
Paralelamente, el ministro de la Corte Suprema, que se mostró dispuesto a presentarse en la Cámara de Diputados para responder a todo tipo de preguntas que ayuden a resolver esta situación, recibió el apoyo del titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y de diversos grupos y personalidades de la comunidad académica y del ámbito del derecho.
El hostigamiento personal y público al que está siendo sometido Raúl Zaffaroni es tan sólo un capítulo más de las campañas de criminalización mediática llevadas a cabo desde hace años por las grandes corporaciones que, en circunstancial alianza con diferentes fuerzas políticas, difaman y debilitan con total impunidad a sectores claves para el ejercicio de la democracia, en defensa de intereses propios
La campaña mediática, disparada por el amarillista diario “Libre” y legitimada por la “prensa seria” de La Nación y Clarín, se propuso amedrentar a uno de los organismos fundamentales de la democracia y, particularmente, lograr la destitución, o al menos el desprestigio, de una de las figuras más importantes para el país y el mundo en el ámbito del derecho. El ataque no resiste un básico análisis de sentido común.
El propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, expresó que no pretende que la gente crea que es una persona honesta, que cada uno puede tener su opinión, pero que “si después de 40 años de enseñar criminología y de 35 de juez penal, me decidiera a cometer un ilícito a esta altura de mi vida, ¿lo haría en un inmueble de mi propiedad con mi nombre? Ya no se trata de confiar en la deshonestidad sino en un mínimo de neuronas y de inteligencia que pueda uno tener”.
El ataque al juez de intachable trayectoria en el ámbito jurídico y académico, generado en medio de un intenso clima electoral, constituye sin duda un ejemplo de lo que, en propios términos de Zaffaroni, se denomina “criminalización mediática”.
Esta “tiene una finalidad política de defender modelos económicos determinados”. Es una “práctica a nivel mundial que baja desde Estados Unidos”, que responde a una“lucha política clara entre un Estado social incluyente y un Estado gendarme de modelo excluyente”.
Si bien la teoría expuesta por Zaffarono en diversas ocasiones hace referencia directa a la criminalización de un grupo social “peligroso” que alimenta la sensación de “inseguridad” instalada por los medios, el concepto de “criminalización mediática” es aplicable en la Argentina a las diversas operaciones de desprestigio y estigmatización llevadas a cabo por los grandes grupos mediáticos contra diversos sectores y organismos claves para el funcionamiento de la democracia.
El intento de debilitar la figura de la presidenta Cristina Fernández luego de la muerte de su marido y ex presidente Néstor Kirchner; la estigmatización de jóvenes militantes de agrupaciones oficialistas como “La Cámpora”; el ataque a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la actual campaña de desprestigio contra el juez que es símbolo de renovación de la Corte, son tan sólo unos de los eslabones que las corporaciones mediáticas necesitan debilitar para asegurar su modelo político y económico de país que definitivamente no es el de un “Estado social de modelo incorporativo”.
El accionar de los medios, que pusieron en tapete la denuncia de la ONG La Alameda, realizada en 2009, tiene una clara intencionalidad política. Detrás de impactantes titulares y pedidos de renuncia antes que de esclarecimiento de los hechos, se esconden intereses claves para los oligopolios de la palabra. Ya es un hecho que la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que afecta directamente al monopolio Clarín, deberá ser decidida en la Suprema Corte de Justicia.
La campaña de desprestigio, sin embargo, no se ha basado solamente en titulares tendenciosos y las ya tradicionales especulaciones presentadas como afirmaciones, sino que ha sido alimentada en forma sustancial por declaraciones de diversos políticos opositores al gobierno actual que pidieron públicamente la renuncia o el juicio político para Zaffaroni.
El candidato presidencial por la Unión para el Desarrollo Social, Ricardo Alfonsín, sostuvo que aun en el caso de que el ministro de la Corte no fuera responsable debería renunciar.
“Este tipo de hechos dañan las instituciones, cuando uno forma parte de nada más y nada menos que la máxima instancia de justicia del país debe hacer lo necesario para no dañarla”, expresó.
Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica y candidata a presidente, Elisa Carrió, afirmó que Zaffaroni debe someterse a un juicio político, mientras que otros de los candidatos que disputarán la Presidencia en octubre, como Hermes Binner, Alcira Argumedo y Eduardo Duhalde, sin animarse a tanto, sostuvieron que el juez debe esclarecer la situación.
Paralelamente, el ministro de la Corte Suprema, que se mostró dispuesto a presentarse en la Cámara de Diputados para responder a todo tipo de preguntas que ayuden a resolver esta situación, recibió el apoyo del titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y de diversos grupos y personalidades de la comunidad académica y del ámbito del derecho.
El hostigamiento personal y público al que está siendo sometido Raúl Zaffaroni es tan sólo un capítulo más de las campañas de criminalización mediática llevadas a cabo desde hace años por las grandes corporaciones que, en circunstancial alianza con diferentes fuerzas políticas, difaman y debilitan con total impunidad a sectores claves para el ejercicio de la democracia, en defensa de intereses propios
No hay comentarios:
Publicar un comentario