Claudio Della Croce|
El prometido pago multimillonario a los fondos buitres por parte del
gobierno argentino no depende hoy solamente del apoyo del Senado
de la Nación –luego de la media sanción acordada por Diputados-
sino también de una querella penal formulada por importantes juristas
por notorias violaciones legales caracterizadas como de administración
fraudulenta y violación de las obligaciones de funcionario público y
abuso de autoridad al ponerse de de relieve que el gobierno realizó
acuerdos previos mutimillonarios negociados secretamente con los
beneficarios que están explicitamente prohibidos por la Constitución
Nacional y leyes votadas previamente por el Congreso Nacional
Los juristas solicitaron que se dicte medidas cautelares suspensivas de
todo obrar que comporte consumación de los delitos reprochados, y
oportunamente se dicte sentencia condenando a los imputados – todos
los integrantes del Poder Ejecutivo (entre ellos el presidente Macri y
los minitros Peña, Pat Gray y Garavano) y los legisladores que presten
su voto afirmativo para autorizar el pago a los fondos buitres- con el
máximo de las penas establecida por el Código Penal y el artículo 29 de
la Constitución Nacional.
La denuncia, radicada en los tribunales criminales y correccionales
federales de la Capital Federal, fue aceptada por el juez sorteado,
Sebastián Casanello, e inmediatamente, el fiscal Federico Delgado
se puso en acción requiriendo la preservación de documentación y la
realización de estudios. Con tal perspectiva , el juez podría dictar
realización de estudios. Con tal perspectiva , el juez podría dictar
Los juristas denunciaron que desde la asunción del actual gobierno se han venido realizando tratativas con los denominados “fondos buitres”, o “holdouts”, tratativas en las que no ha tenido intervención previa del Congreso, único órgano con competencia constitucional para contraer empréstitos sobre el patrimonio de la Nación, o de proceder al arreglo de la deuda interior y exterior de la misma.
Señala la denuncia que por la cuantía de los pagos comprometidos,
y por poner en riesgo la reconfiguración de la deuda externa argentina
llevada adelante los años 2005 y 2010, así como el carácter cancelatorio
y liberatorio de los pagos operados conforme dicha reestructuración de
deuda, puede llevar a restablecer un endeudamiento de
384.000 millones de dólares, hipotecando por varias generaciones
al pueblo argentino.
El acuerdo con los buitres más poderosos (NML, Aurelius, Blue Angel y
Olifant) establece que se les pagará en 45 días (antes de 14 de abril), y
antes del levantamiento de las medidas cautelares (injunctions).
Además del menor descuento (25%), se les rembolsarán los costos, en
especial los legales, por 235 millones de dólares. Son temas no difundidos
por el gobierno, pero que agravan la sumisión a las exigencias de estos
grandes fondos, más allá de los términos monetarios. Todas estas
condiciones inaceptables están validadas en el proyecto de Ley que tiene
media sanción de la Cámara de Diputados.
Las inéditas alteraciones planteadas generan un riesgo importante:
juicios por parte de los acreedores que entraron al canje, dado que
tomaron esa decisión porque existía la llamada “ley cerrojo”, que
establece que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan
no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la
reestructuración de deuda”. Con la derogación de esta ley, habría
espacio para el litigio.
¿Ni acuerdo ni capitales frescos?
El haber introducido la denuncia el
argumento que pagando este
gigantesco premio a especuladores
podría llevar igualmente a que
no se cerraran las controversias, tal como había proclamado el gobierno
(“volver a ser parte del mundo”, según el presidente Macri) puso el
gobierno a la defensiva. Ahora , ya nadie quiere garantizar desde el
Ejecutivo, que ello no podría ocurrir.
Pero, quedó abierta una debilidad mucho mayor del macrismo, que es
que había proclamado e ilusionado que una vez que se cerrara el conflicto
con los fondos buitre llegarían masas de capitales y créditos para activar
la inversión y el empleo. Por el contrario ya comienza a notarse que el
cuadro financiero por delante no es venturoso, sino restrictivo y por
demás condicionado. La frialdad con que Macri fue recibido en el Foro
de Davos fue un buen termómetro para medir la temperatura de la
realidad.
La recesión viene para quedarse, señalan prestigiosos economistas,
y este gobierno –más interesado en la formación de imaginarios
colectivos a través de su fuerza mediática que hacer propuestas serias y
con base en al realidad que parecen desconocer- ha jugado con fuego
al prometer que su priorirdad es la “pobreza cero” y combatir
inmediatamente el desempleo, cuando sus acciones llevan justamente
a empeorar las condiciones de vida de la población y una enorme recesión económica.
La presentación de la causa penal impulsó una campaña en marcha de
apoyo a la misma que comenzó con 10.000 firmas en una semana,
mientras que se presentaba espontáneamente en la causa el banquero
arrepentido Hernán Arbizu para alegar a favor de la denuncia.
Asimismo, el Jefe de Gabiente comenzó a enviar al juzgado la
documentación solicitada por el fiscal. Aunque no se conocen detalles ,
cabe resaltar que esta vez el gobierno no desconoció ni dilató –al menos
formalmente- los requerimientos del fiscal.
Mientras, el Instituto Antonio Sampay que fue el denunciante (con los
prestigosos juristas Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat
a la cabeza), estudia presentarse ahora como querellante , lo cual le
permitirá no sólo tener acceso completo al expediente, sino también
ampliar la denuncia y sumar nuevos elementos de prueba tanto en el
plano jurídico como económico.
Los juristas indican que, conforme a lo que establecen los Pactos
Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos,
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con
jerarquía de cláusulas constitucionales, la ciudadanía es el único titular
del derecho de libre determinación y a la independencia económica.
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