buitres travestidosClaudio Della Croce|
El prometido pago multimillonario a los fondos buitres por parte del 
gobierno argentino no depende hoy solamente del apoyo del  Senado 
de la Nación –luego de la media sanción acordada por Diputados- 
sino también de una querella penal formulada por importantes juristas 
por notorias violaciones legales  caracterizadas como de   administración 
fraudulenta y violación de las  obligaciones  de funcionario público y 
abuso de autoridad al ponerse de   de relieve que  el gobierno  realizó 
acuerdos previos mutimillonarios  negociados secretamente  con los 
beneficarios que están explicitamente prohibidos por  la Constitución 
Nacional y leyes votadas previamente por el  Congreso Nacional
Los juristas solicitaron  que se dicte medidas cautelares suspensivas de 
todo obrar que comporte consumación de los delitos reprochados, y 
oportunamente se dicte sentencia condenando a los imputados – todos 
los integrantes del Poder Ejecutivo (entre ellos el presidente Macri y 
los minitros Peña, Pat Gray y Garavano) y los legisladores que presten 
su voto afirmativo para autorizar el pago a los fondos buitres- con el 
máximo de las penas establecida por el Código Penal y el artículo 29 de 
la Constitución Nacional.
La denuncia, radicada en los tribunales criminales y correccionales 
federales de la Capital Federal, fue aceptada por el juez  sorteado, 
Sebastián Casanello, e inmediatamente, el fiscal  Federico Delgado   
se puso en acción  requiriendo la preservación de documentación y la
realización de estudios.  Con tal  perspectiva , el  juez podría  dictar 
una medida de “no innovar”, que paralizaría los pagos anunciados .ar buitres
Los juristas denunciaron que desde la asunción del actual gobierno se han venido realizando tratativas con los denominados “fondos buitres”, o “holdouts”, tratativas en las que no ha tenido intervención previa del Congreso, único órgano con competencia constitucional para contraer empréstitos sobre el patrimonio de la Nación, o de proceder al arreglo de la deuda interior y exterior de la misma.
Señala la denuncia que por la cuantía de los pagos comprometidos, 
y por poner en riesgo la reconfiguración de la deuda externa argentina 
llevada adelante los años 2005 y 2010, así como el carácter cancelatorio 
y liberatorio de los pagos operados conforme dicha reestructuración de 
deuda, puede llevar a restablecer un endeudamiento de  
384.000 millones de dólares, hipotecando por varias generaciones
 al pueblo argentino.
El acuerdo con los buitres más poderosos  (NML, Aurelius, Blue Angel y 
Olifant) establece que se les pagará en 45 días (antes de 14 de abril), y 
antes del levantamiento de las medidas cautelares (injunctions). 
Además del menor descuento (25%), se les rembolsarán los costos, en 
especial los legales, por 235 millones de dólares. Son temas no difundidos
 por el gobierno, pero que agravan la sumisión a las exigencias de estos 
grandes fondos, más allá de los términos monetarios. Todas estas 
condiciones inaceptables están validadas en el proyecto de Ley que tiene 
media sanción de la Cámara de Diputados.
 Las inéditas alteraciones planteadas  generan un riesgo importante: 
juicios por parte de los acreedores que entraron al canje, dado que 
tomaron esa decisión porque existía la llamada “ley cerrojo”, que 
establece que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan 
no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la 
reestructuración de deuda”. Con la derogación de esta ley, habría 
espacio para el litigio.
¿Ni acuerdo ni capitales frescos?
DolarMacri
El haber introducido la denuncia el 
argumento que pagando este 
gigantesco premio a especuladores 
podría llevar igualmente a que 
no se cerraran las controversias, tal como había proclamado  el gobierno 
(“volver a ser parte del mundo”,  según el presidente Macri) puso el 
gobierno a la defensiva. Ahora , ya nadie quiere garantizar desde el 
Ejecutivo, que ello no podría ocurrir.
Pero, quedó abierta una debilidad mucho mayor del macrismo,  que es 
que había proclamado e ilusionado que una vez que se cerrara el conflicto 
con los fondos buitre llegarían masas de capitales y créditos para activar 
la inversión  y el empleo. Por el contrario  ya comienza a notarse que el 
cuadro financiero  por delante no es venturoso, sino restrictivo y por 
demás condicionado. La frialdad con que Macri fue recibido en el Foro 
de Davos fue un buen termómetro para medir la temperatura de la 
realidad.
La recesión viene para quedarse, señalan prestigiosos economistas, 
y este gobierno –más interesado en la formación de imaginarios 
colectivos a través de su fuerza mediática que hacer propuestas serias y 
con base en al realidad que parecen desconocer-  ha jugado con fuego 
al prometer que su priorirdad es la “pobreza cero” y combatir 
inmediatamente el desempleo, cuando sus acciones llevan justamente 
a empeorar las condiciones de vida de la población y una enorme recesión económica.
La presentación de la causa penal impulsó una campaña en marcha de 
apoyo a la misma que comenzó con 10.000 firmas en una semana, 
mientras que se  presentaba espontáneamente en la causa el banquero 
arrepentido Hernán Arbizu para alegar a favor de la denuncia.
Asimismo, el Jefe de Gabiente comenzó a enviar al juzgado  la 
documentación solicitada por el fiscal. Aunque no se conocen detalles , 
cabe resaltar que esta vez el gobierno no desconoció ni dilató –al menos 
formalmente- los requerimientos del fiscal.
Mientras, el Instituto Antonio Sampay que fue el denunciante (con los 
prestigosos  juristas Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat 
a la cabeza), estudia presentarse ahora como querellante , lo cual le 
permitirá no sólo tener acceso completo al expediente, sino también 
ampliar la denuncia y  sumar nuevos elementos de prueba tanto en el 
plano jurídico como económico.
Los juristas indican que, conforme a lo que establecen los Pactos 
Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, 
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con
 jerarquía de cláusulas constitucionales, la ciudadanía es el único titular 
del derecho de libre determinación y a la independencia económica.