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domingo, 3 de abril de 2016

Por una polémica ley EN LA CABA , le dan poder a los porteros para controlar a los consorcios La Legislatura la votó por unanimidad Crea un Consejo, que sumaría gastos a las expensas. Consorcistas y administradores denuncian un pacto del gremio de encargados y el Gobierno porteño. Prometen revisarla y hay un proyecto de derogación.


ENLACE A LA NOTA:


Una polémica ley que le da al gremio de los encargados de edificios poder para controlar a los consorcios generó un fuerte rechazo entre las asociaciones de consorcistas y los administradores, quienes denuncian un pacto entre el Gobierno porteño y el sindicato que dirige Víctor Santa María, también titular del PJ porteño. La polémica es tal que la Legislatura analiza corregir la norma, pese a que la votó en diciembre y por unanimidad.
Se trata de la ley N° 5.464, sancionada el 3 de diciembre, en la última sesión ordinaria de la anterior composición de la Legislatura. Fue una jornada en la que se votó un enorme paquete de leyes que incluyó desde el Presupuesto hasta nombramientos en organismos públicos. En ese contexto, la ley salió con una llamativa marca de 58 votos a favor y dos abstenciones (Hernán Arce, del Partido Socialista, y Gustavo Vera, de Bien Común), pese a que no se discutió en las comisiones, directamente se trató sobre tablas. El proyecto fue presentado por Fernando Muñoz, un legislador del interbloque kirchnerista, que ocupó su banca por poco más de un año luego de la renuncia de Susana Rinaldi. Tras terminar su mandato, Muñoz fue nombrado Defensor de Derechos de los Inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
La ley crea el Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad, un organismo cuya función es regular la vida de los consorcios, especialmente controlar y sancionar a los administradores a través de un Tribunal de Etica. Pero lo llamativo es la conformación del Consejo Directivo de esa nueva institución: habría tres integrantes designados por el sindicato de los encargados de edificios (SUTERH), uno para cada una de las tres asociaciones de administradores, uno para los consorcistas, uno para el Gobierno porteño, uno para el gremio de empleados de las administraciones de consorcios que fue creado apenas en noviembre y otro para el Defensor de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo (es decir, el cargo que ahora ocupa Muñoz, el autor de la ley). Con esta división de los 11 miembros, el gremio de los porteros tendría más representantes que los propios consorcistas y que el Gobierno porteño, que además estaría cediendo a favor de este nuevo ente una facultad propia, que es el control de los administradores que hoy realiza a través del Registro Público de Administradores de Consorcios.
Este organismo tendrá la potestad de cobrarles una matrícula a los administradores, y de recaudar las multas por eventuales incumplimientos. Es decir, sin ser un Colegio de Administradores conformados por ellos mismos, terminaría ejerciendo esas funciones.
Por otra parte, se produciría una situación extraña: los encargados y los empleados de los administradores terminarían controlando a sus propios patrones.
Estas prerrogativas irritaron a los consorcistas. "Esta ley somete para siempre a los propietarios a la voluntad del gremio de porteros y las asociaciones de administradores, quienes a su entera voluntad van a poder cargar a las administraciones con toda suerte de erogaciones, lo que indefectiblemente irá a aumentar las expensas", aseguraron en la Liga del Consorcista. En tanto, Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcistas, agregó que "es un mamarracho jurídico, porque el SUTERH se terminaría transformando en el dueño de los consorcios". En estas asociaciones aseguran que dos de las tres asociaciones de administradores (UADI Y AIERH) suelen jugar a favor del gremio, y que el nuevo sindicato de empleados de administradores también podría hacerlo, lo que le permitiría al SUTERH tener una mayoría de seis sobre los 11 integrantes del Consejo Directivo.
La otra asociación de administradores, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI), también se opone a esta ley. Su presidente, Daniel Tocco, le dijo a Clarín: "El organismo se financiará con las matrículas y las multas, que irán a las expensas. Generarán nuevos costos. Además, no puede ser que los empleados dispongan cómo deben funcionar quienes los contratan". La CAPHAI presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia.
El titular del sindicato, Víctor Santa María, rechaza esas críticas: "No tuvimos participación en la elaboración del proyecto, lo único que pedimos fue quedar en igualdad de condiciones que el resto. Los trabajadores somos un eje fundamental en la vida de los consorcios, y está bien que participemos en una mesa de diálogo. Pero no vamos a controlar a los consorcios, porque sólo tenemos tres de los 11 representantes, y si se juntan los otros estamos en minoría".
Aunque ya fue promulgada, la ley todavía no está vigente porque falta su reglamentación. Pero ante la reacción de los consorcistas, en el Ejecutivo porteño prometieron correcciones. En tanto, el presidente del bloque de legisladores PRO, Francisco Quintana, aseguró: "Estamos dispuestos a revisar la ley y llegado el caso modificarla. Es parte de la agenda de trabajo de este año". En tanto, los bloques del Socialismo, Bien Común y la Coalición Cívica presentaron el miércoles un proyecto para derogar la creación del Consejo.

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