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Por Héctor Bernardo
En el camino hacia al golpe parlamentario, llegó la hora del Senado. Este miércoles la Cámara Alta de Brasil se preparaba para aprobar el impeachment (juicio político), contra Dilma Rousseff.
El voto popular señaló que el mandato de la presidenta Rousseff debería finalizar el 31 de diciembre de 2018. Pero los legisladores, los medios hegemónicos, sectores del poder judicial y los intereses de la Casa Blanca, adelantaron ese final. Esta vez la herramienta es golpe parlamentario, como lo hicieron en Paraguay contra Fernando Lugo, en junio de 2012.
Sin dudas, no fue la casualidad, sino los intereses de la Casa Blanca, los que hicieron que embajadora norteamericana, Lilian Ayalde, estuviera en Asunción durante golpe parlamentario contra Lugo, y ahora en Brasilia durante el golpe contra Rousseff.
El destino de la presidenta parece definido, pero el del Partido de los Trabajadores (PT) y el de todo el proceso de recuperación de derechos de los sectores populares, están en disputa.
Si como todo parece indicar el impeachment es aprobado por el Senado, Rousseff cesará en sus funciones y el vicepresidente Michel Temer tomará el control del Ejecutivo. La resistencia popular, que durante estos días se manifestó en las calles contra el golpe, es el bastión que le queda al PT para frenar el proceso y, en caso de no poder hacerlo, luchar contra el gobierno golpista.
La analista internacional y periodista, Stella Calloni, señaló a Contexto que “no cabe ninguna duda que esto es un golpe. Inclusive, es visto así desde el exterior. Hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que no hay ningún delito del que se acuse a la presidenta. Los discursos de los legisladores fueron muy violentos, pero sin ninguna acusación concreta”.
En relación a las idas y vueltas que tuvo el impeachment esta semana, Calloni aseguró que “si alguien pensaba que esto no era un golpe, eso quedó claro con la situación dada esta semana en la que el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, primero tomó una decisión muy equilibrada anulando el proceso de juicio político por que estaba cargado de irregularidades y, a las pocas horas, por las presiones que tuvo, cambió su decisión”.
“Simplemente queda una incertidumbre terrible, porque también hay una especie de combate interno en esa oposición, de ‘pelea de escorpiones’. Todo esto en medio de esta tragedia que es para el pueblo brasileño que se desconozca su voluntad popular expresada en la última y reciente elección. Creo que, aunque los golpistas sigan adelante, la situación en la calle también les va a ser muy difícil. Hay millones de personas que apoyan a Dilma y a voluntad del pueblo está siendo violada mediante este juicio político es ilegal”.
“La mayor debilidad de nuestros gobiernos ha sido no entender este proceso de invasión silenciosa que ha sucedido en América Latina mediante las fundaciones y las ONGs que, ahora, están participando activamente en el golpe brasileño. Lamentablemente no se siguió el rastro del dinero que entró por estas fundaciones. Siguiendo ese rastro, podríamos encontrar la forma en que se arma un golpe de estado”, concluyó
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