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jueves, 7 de julio de 2016

Un negocio seguro y sin licitaciones La Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (Sofse) le concedió un programa de seguros a Aon Risk Services. El fiscal Delgado y el juez Casanello investigan los vínculos de esa empresa con funcionarios y con el grupo Socma. Por Irina Hauser

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11:30 › INVESTIGAN UNA CONTRATACION DIRECTA DE 300 MILLONES DE PESOS ANUALES PARA LOS SEGUROS DE LOS FERROCARRILES

Un negocio seguro y sin licitaciones

La Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (Sofse) le concedió un programa de seguros a Aon Risk Services. El fiscal Delgado y el juez Casanello investigan los vínculos de esa empresa con funcionarios y con el grupo Socma. 

Por Irina Hauser

Una investigación judicial corroboró que la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (SOFSE), que depende del Ministerio de Transporte y gestiona las principales líneas de trenes, contrató sin licitación, mecanismos de control o transparencia, a la empresa Aon Risk Services, un bróker que se hizo cargo de “manera exclusiva” de un programa de seguros para los ferrocarriles. Para eso, fueron dados de baja los contratos anteriores con la estatal Nación Seguros. Si, tal como dice la denuncia que dio origen a la causa, el acuerdo ronda los 300 millones de pesos anuales, se habrá superado más que holgadamente el piso (ya elevado en un 550 por ciento por el gobierno de Mauricio Macri) para las contrataciones directas, que ahora es de 1,3 millones. El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso, buscan además verificar otros datos de la presentación judicial que vinculan al titular de Sofse, Marcelo Orfila, con uno de los consultores de Aon, la firma contratada, y que señalan al gerente, Jorge Juan José González Galé, como el histórico bróker de confianza del grupo Socma, de Franco y la familia Macri, sospechado -además- de actuar como asesor en las sombras de la Superintendencia de Seguros, donde según el libro de entradas es un visitante frecuente. Los delitos analizados son defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública.
A poco de iniciar la investigación, en abril, Casanello allanó las oficinas de Aon Risk en Puerto Madero y le ordenó al Ministerio de Transporte la entrega de documentación. Acaba de pedirle a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) un informe que analice los términos de la contratación en el contexto de las normas vigentes, que estaría listo para dentro de diez días. A pesar de que Macri en declaraciones públicas ha insistido en que su administración haría licitaciones para evitar suspicacias, ya elevó el mes pasado los montos a partir de los cuales las reparticiones de su Gobierno están obligadas a hacer licitaciones públicas y hasta qué valores se puede hacer una contratación directa, lo que amplía de manera evidente el margen de discrecionalidad en las adjudicaciones. La denuncia que recibió Casanello, y que presentó el abogado Juan Pablo Marrocchi, dice que la contratación de Aon es por unos 300 millones de pesos anuales y le reportaría comisiones de entre 30 y 45 millones de pesos por los convenios que haga con las aseguradoras.
Orfila, que también es titular de Ferrocarriles Argentinos, firmó el 10 de febrero último una “carta mandato” –a la que accedió Página/12– en la que le informa a la firma Aon Risk cuáles serán sus funciones: primero le dice que los nombra como “Productores Asesores” de su “programa de seguros de manera exclusiva”, es decir, se ocuparán de la contratación de las aseguradoras para las distintas líneas de trenes. Es decir, hay una tercerización. La nota en cuestión tiene un punto curioso: dice que la designación es “gratuita” para la Operadora Ferroviaria, pero Aon percibirá las comisiones que quiera negociar en forma directa con las aseguradoras y “en las condiciones que pacte”. O sea, Aon Risk puede hacer los convenios que quiera con las compañías de seguro. El convenio no le exige sino que dice que “cuando sea posible” solicite tres propuestas distintas y elija la que es mejor “a su criterio”. En una primera etapa, especifica, “se priorizarán riesgos como responsabilidad civil para directores y gerentes y responsabilidad civil emergente de errores y/u omisiones”. Los seguros abarcan a los pasajeros, al personal, los inmuebles, las máquinas, vehículos).
Sofse la operadora estatal de la mayoría de las líneas urbanas y de larga distancia. Gestiona las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Tren de la Costa; los ferrocarriles regionales de Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Tren de las Sierras; más otros de larga distancia entre Buenos Aires a distintos puntos del país (La Pampa, Rufino, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, Villa María, Tucumán). Cuando asumió Orfila, con el gobierno de Cambiemos, descartó la cobertura de Nación Seguros, que era contratada por las empresas estatales durante el kirchnerismo.
Expertos del sector de transporte consultados por este diario señalaron que es cuanto menos polémica la contratación de aseguradoras privadas para un servicio público de la magnitud de los ferrocarriles, además de que es factible que viole normativas. Y que es sabido en el ámbito que es difícil que en una licitación alguien pueda imponerse por sobre Nación o Provincia seguros, por trayectoria, respaldo económico y solvencia, entre otras razones. El mercado de los seguros, explican, está lleno de lobbies feroces y son pocas las empresas de seguros privadas, grandes, que escapan a esa práctica.
Como tantos otros integrantes del Gobierno, Orfila es un hombre del mundo empresario. Fue ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000, director –después– en Corporación América (Grupo Eurnekian) y gerente del grupo Monarca (de negocios inmobiliarios). También tuvo su propia firma de consultoría. Antes, en los noventa, fue gerente de Alpargatas. Cuando desembarcó en Sofse, mientras en la mayoría de las dependencias públicas echaban gente con el argumento de la reducción de gastos, Orfila se aumentó el sueldo a 200 mil pesos mensuales, aprobó salarios de 160 mil pesos para los gerentes que trajo del sector privado y creó cargo de asesores “CEO” con sueldos de entre 120 y 160 mil pesos.
Según la denuncia recibida por Casanello y Delgado, la finalidad de la adjudicación directa era favorecer a amigos y parientes. Por eso investigan las siguientes vinculaciones:
- Rastrean si existe una relación de parentesco entre Orfila y uno de los consultores de Aon Risk, Ramón Ulloa.
- El gerente de Aon, González Galé, comandó la empresa Rimaco, que era el broker de seguros del grupo Socma, de Franco Macri y su familia. González Galé fue señalado como asesor oculto de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a cargo de Edgardo Podjarny.
La fiscalía le solicitó a la Superintendencia de Seguros (SSN) que informe si González Galé trabaja como asesor de Podjarny. La respuesta fue que no tenía ningún contrato: “no es asesor ni cumple funciones”. Sin embargo, también fueron incautados los registros fílmicos y libros de visita de esta dependencia, y resultó que entre noviembre y marzo las cámaras lo captaron ingresando tres veces, pero según libro de visitas fueron todavía más.
La SSN es el organismo “supervisor y fiscalizador de las entidades de seguros”. Su “misión” es “controlar las actividades de evaluación e inspección de los operadores del mercado para garantizar el cumplimiento de la legislaciones y regulaciones vigentes”, según su página web. Es decir, según pruebas que ya hay en la causa, el gerente de Aon Risk es un –como mínimo– visitante frecuente de quienes lo controlan y no se descarta que hasta les de asesoramiento.
Al expediente se sumó también una denuncia de Testimonio Compañía de Seguros, que señaló una supuesta intervención irregular de Aon Risk Services en una licitación de 2015 de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA. Según esta empresa denunciante, Aon intervino para evaluar las ofertas en esa licitación sin que estuviera previsto en los pliegos y sin estar técnicamente capacitada. Testimonio fue eliminada de la licitación, tras una inspección de la SSN, y hubo un nuevo llamado licitación con otras condiciones. A la Sigen el juzgado también le solicitó un análisis de aquella licitación.

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