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El grupo de especialistas y técnicos del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, entre los que se cuentan Marcos Rebasa Ex director del Ente Regulador Eléctrico, Andrés Repar Ex Vicepresidente del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) y Bruno Capra, Ex gerente del Polo Tecnológico Constituyente y miembro del CEEN (Centro de Entidades Empresarias Nacionales) presentaron un documento donde responden punto por punto a los planteos realizados el ministro Aranguren, el Estado Nacional, y recientemente el grupo de Ex secretarios de Energía para justificar que el tarifazo de gas sea necesario e imprescindible. El documento, que se copia a continuación, consta de seis puntos donde se desmienten los principales argumentos esgrimidos por el gobierno.
1. Las empresas petroleras tienen una sobre-ganancia del 190% con el tarifazo del gas. Se está realizando una transferencia de 3.000 millones de dólares a las petroleras. El tarifazo en el gas implica una enorme transferencia de recursos a los grandes pulpos petroleros. El precio del gas en boca de pozo representa alrededor del 80% de la factura. Mientras el costo de extracción del gas es de 1,9 dòlares por millón de BTU (27m3), según los informes de YPF presentados a la Security Exchange Commission de Nueva York, se les reconoce en promedio unos 5,5 dólares para los clientes residenciales. Los clientes residenciales están pagando a las empresas unos 25 dólares por factura a las petroleras por encima del costo del gas. Esto implica una transferencia de aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales para las productoras de gas, que no impactan en la reducción de subsidios. El Estado aun con el tarifazo seguirá pagando el gas importado, y no habrá disminuido esa importante erogación.
2. Las empresas petroleras están reduciendo su producción, no aumentando la inversión En la concesión que otorga el Gobierno a esas empresas no hay condiciones de ningún tipo que supongan un aliento a las inversiones, ni exigencias de ningún carácter para acceder a ese beneficio. Al contrario, la perforación de pozos en relación al año pasado cayó un 37,6%.
3. Son indispensables las audiencias públicas Esta institución de participación ciudadana es obligatoria en oportunidad de actualizaciones tarifarias por la construcción doctrinaria y jurisprudencial que se ha realizado en los últimos tiempos a partir de dar operatividad a los principios del art. 42 de la Constitución Nacional, que es posterior a las leyes regulatorias de esos servicios y de jerarquía superior a ellas. Ese artículo prevé el derecho de los usuarios a “una información transparente, adecuada y veraz”, que no puede ser limitada por una interpretación restringida de una norma inferior. Los precios de la producción de gas y electricidad, son parte fundamental de las tarifas respectivas.
4. Es falso que la producción no pueda debatirse en las audiencias con el pretexto que su determinación es facultad del Poder Ejecutivo y que no está regulado.
Los tres rubros que componen la tarifa: producción, transporte y distribución, están regulados. No existe competencia en la producción de gas desde hace 25 años. Desde 1992 esos precios los fija el Gobierno, y con ello conforman de hecho un acto regulatorio en el mismo sentido que los precios de transporte y distribución. El transporte, la distribución y la producción es parte sustancial de la tarifa y deben debatirse sus incrementos en forma transparente razonable para evitar actos de corrupción.
5. Es falso que la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público, y las especiales restricciones que ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia. Entre otros muchos la de una tarifa justa y razonable, que supone las capacidades de la sociedad, el nivel del salario real, la situación en una etapa especial como la actual, la progresividad que implica una consideración efectiva de los sectores de menos recursos, la relación entre la tarifa y la calidad de los servicios prestados, entre otros muchos.
6. El gas en boca de pozo se encuentra en un máximo histórico injustificado Los valores del gas en boca de pozo en la década del 1992 a 2002 fueron estables y aceptados de buen grado por las petroleras con un promedio era 1,20 a 1,30U$S/MMBTU. A este precio se exportaba gas a los países vecinos. Entre el 2002 al 2014 el precio fue aumentando y llegó al 2015 a una media de 2,50/2,60U$/MMBTU promedio de toda la producción. Los residenciales como servicio público tuvieron un precio promedio de 1,9 U$/MMBTU. Este valor con Aranguren pretende saltar a 5,5U$/MMBTU. El valor del gas final a RESIDENCIALES era en el 2001 (Metrogas) de 0,1487 $/m3 equivale a 148,7 U$S/Mm3, valor que en Mayo 2015 a 109,33 U$S/Mm3 y con la resolución Enargas 3770 de Mayo 2016 a 286,21 U$/Mm3 es decir 7,72U$/MMBTU un 92% más en dólares. En Canadá y Estados Unidos los usuarios residenciales pagan un gas en boca de pozo (2,50U$/MMBTU) 50% del que pretende Aranguren.
Se trata de un cachetazo al pueblo. Es necesario frenar el tarifazo y abrir los libros de las empresas para que todos los ciudadanos puedan conocer los costos de la explotación .
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