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miércoles, 10 de agosto de 2016

Pedido de Juicio Político a Aranguren- "El Congreso Nacional tiene la obligación de estructurar una propuesta que lleve tranquilidad a los hogares argentinos frente al tarifazo desmesurado, descarnado y, sobre todo, incausado e inconstitucional que llevó adelante el Gobierno Nacional. "


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El Congreso Nacional tiene la obligación de estructurar una propuesta que lleve tranquilidad a los hogares argentinos frente al tarifazo desmesurado, descarnado y, sobre todo, incausado e inconstitucional que llevó adelante el Gobierno Nacional. Por eso, desde el Movimiento Evita-Bloque Peronismo para la Victoria, llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones de defensa del consumidor, a las multisectoriales contra el tarifazo y a todos los sectores sociales, comunitarios y de PyMES afectados a participar de la sesión especial del día miércoles 10 de agosto a las 10.30 hs.
La audiencia "trucha" que propone Aranguren no tiene el mínimo de legalidad correspondiente porque es posterior a la decisión administrativa. No garantiza ni la participación ciudadana ni el proceso de información adecuada que exige el artículo 42° de la Constitución Nacional. Esto se convierte en una nueva afrenta contra el pueblo, en medio de tanta angustia y padecimiento generados por sus erróneas y cambiantes decisiones que sólo han generado hasta el momento mayor lucro y ganancias a un puñado de empresas relacionadas con funcionarios, amigos y allegados al gobierno.
Por otra parte, se agrega a este escándalo el Decreto N°893, del 25.7.16, donde se modifica la ley que obliga a abastecer primero el mercado interno y se autoriza a exportar gas a países vecinos en medio de una crisis social innegable.
A partir de la situación detallada, promovemos el Juicio Político de Aranguren. Porque creemos necesario parar la mano, barajar y dar de nuevo, llamar a una convocatoria a audiencia pública, participativa, que permita conocer el costo, la rentabilidad empresaria, el destino de los subsidios y el alcance de una tarifa social que ha sido desvirtuada en su esencia por trabas burocráticas y requisitos que restringen la accesibilidad a los sectores que más la necesitan.

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